A ningún ciudadano le asiste derecho de ejercer la violencia, salvo en los casos señalados expresamente en la ley, como la legítima defensa, porque ese derecho ha sido asignado a la autoridad militar o policial, cuando actúan comprometido a evitar la comisión de un crimen o a defender la seguridad del Estado.
Todo lo que antecede se ha escrito para llamar la atención sobre la pretendida intención de conducir a la Policía Nacional al paredón de la condena pública, sin reparar que ese juicio sumario debilita la vigencia del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la ciudadanía toda.
No se niega que agentes policiales incurren en excesos contra presuntos delincuentes o ciudadanos que no han violentado la ley, pero es injusto avasallar o desmoralizar a esa institución, en vez de exigir que la justicia indague denuncias de violación a derechos civiles.
Hasta hace poco, los diversos sectores sociales clamaban para que las autoridades enfrentaran una creciente delincuencia que virtualmente controlaba las calles y disponía a su antojo de vidas y bienes de los ciudadanos.
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